El asunto de De Juana Chaos

¿Alguien duda que el terrorista Iñaki de Juana Chaos es un asesino?. ¿Alguien cree que no debería haber cumplido su condena por haber asesinado a 25 personas?. ¿Existe alguna persona que no crea que es un hijo de puta?.

Seguramente gente de su entorno más próximo y de su misma calaña.
Pero con esa gente es difícil hablar y razonar porque viven en un mundo paralelo e inexistente, donde por lo visto el estado está en una guerra invisible con ellos, de la que sólo ellos se enteran.

Ahora bien, ¿tiene la polémica que últimamente ha surgido en torno a este elemento algo que ver con las preguntas que he hecho anteriormente?.
Pues resulta que no. Esto no es algo que esté sujeto a opiniones, es un hecho objetivo.
Iñaki de Juana Chaos es una asesino y un terrorista. Ha cumplido la sentencia que se impuso por sus asesinatos, la que le correspondía con el código penal con el que se le juzgó, con reducciones, contempladas en el código penal, durante la legislatura del PP.
Posteriores cambios al código no son aplicables retroactivamente.
Lo de si es un hijo de puta, pues bueno. Podríamos casi meterlo como hecho objetivo, pero hay que reconocer que es sólo un juicio de valor compartido por muchísima gente.

¿De qué trata entonces esta agria polémica?. Pues trata de si se ha de conceder algún tipo de beneficio penitenciario (no la libertad), sobre el cumplimiento de una nueva pena de 12 años y seis meses de carcel por amenazas terroristas con el agravante de reincidencia, de la que finalmente, también por el código penal actual, sólamente tiene que cumplir 3 años, de los que ya ha cumplido la mitad. Es decir, de beneficios a disfrutar en los 1,5 años que le quedan por un delito de amenazas.

Vamos a ser realistas. ¿A quién no le jode que este hombre salga de la cárcel, después los asesinatos que perpetró?. Pero es que tampoco es eso de lo que se habla.

Este hombre, después de cumplir su pena por los asesinatos que cometió, ahora está en la cárcel por otro delito. Nos joda o no, legalmente no se le puede volver a juzgar otra vez, ni siquiera se le pueden aplicar ampliaciones de pena por nada.
Así que de lo que habla es sólo de la pena por el delito de amenazas.

El animal éste al que nos referimos, resulta que se pone en huelga de hambre y llega al punto en el que puede morir si (según propone inicialmente) no se le libera.
En este punto conviene no ser ni demagogo ni gilipollas. Obviamente, se le ha alimentado por la fuerza cuando ha estado a punto de morir, porque a nadie escapa que no se puede estar más de 100 días sin comer. La cosa es que, llegados a un punto, se ha estimado que había un problema real para su vida si seguía adelante con la huelga de hambre, en las mismas condiciones de realimentación forzosa cuando se llegaba a un punto crítico.

El gobierno decide, siempre dentro de la legalidad, por supuesto, aplicarle una las posibles atenuaciones de pena, por razones humanitarias, y por otras más.
Esto es lo único de lo que se debería hablar. Sin embargo nos podemos encontrar algunas opiniones y declaraciones poco acertadas, como estas:
-En esta se dice que Zapatero olvida que ha de mantener el orden constitucional. ¿Eh?. A no ser que las leyes no lo sean, lo está manteniendo perfectamente, puesto que lo que hace está dentro de la ley.
-Aquí se indica por parte de un relevante miembro del PP que no se puede aplicar ningún beneficio penitenciario a de Juana. Supongo que se olvidan de que los principales beneficios que
obtuvo fueron precisamente durante la segunda legislatura del PP. Y que aquellos fueron sobre la pena impuesta por los asesinatos, no como esta, que precisamente se impuso para tratar de no dejar que un asesino saliera a la calle, pero por unos artículos.

Entonces parece que hemos concretado el asunto al fin. Se habla (se debería hablar) de si nos parece lícito que se le conceda el segundo grado penitenciario al energúmeno del que hablamos por las razones que se indican en un link anterior y que resumidas son: legales, humanitarias y de inteligencia política.

Bueno, pues es aquí donde yo no estoy de acuerdo con ninguna de ellas.
Que legalmente se pueda hacer no es razón suficiente para que se haga, ya que también legalmente se puede decidir no hacerlo, con lo cuál esta razón es una perogrullada y queda anulada nada más empezar. Aquí no somos gilipollas ni demagogos. Yo sé que no es una ilegalidad, aunque algunos personajes de PP traten de engañar a palurdos que se dejen, diciendo que lo es.
Nos quedan dos.

La razón humanitaria. En este caso me parece algo cogida por los pelos la cuestión.
¿Hay que entrar en consideraciones humanitarias sobre la situación de una persona, que se encuentra en ella por estar en desacuerdo con una decisión completamente enmarcada dentro de nuestro sistema penal?. Mi opinión es que no.
Esta persona está en una situación crítica para su vida por estar en desacuerdo con una sentencia impuesta por un juez. Es su libertad ponerse en huelga de hambre para tratar de presionar con su vida, que el estado está obligado a preservar. Pero no es una cuestión humanitaria la que lo puede cambiar, como su origen no es humanitario sino penal. Es una decisión política y es aquí donde acabamos.

Inteligencia política. De la misma manera que si ETA no hubiera atentado en Barajas, seguramente comprendería la concesión del segundo grado por razones políticas, aunque podría no compartirla, después del atentado tampoco la comprendo.

Si se plantea que hay un proceso que en algún momento puede llegar a llamarse o convertirse en negociación, habrá de ser uno en el que ambas partes pongan de su lado de una manera equivalente.
ETA ha demostrado que no está dispuesta a dar por su lado nada, a no hacer ninguna concesión y como muestra ni siquiera ha dejado de atentar. Por esa razón, no comprendo el gesto que supone la concesión del segundo grado. Porque es una razón política lo que hay en el fondo y me parece que aunque no esté enmarcada en una negociación real, es un gesto de buena voluntad que no tiene ningún sentido y que en todo caso no puede resultar más que confuso sobre la estrategia del Gobierno con respecto a ETA.